En qué consiste el delito de sedición

En qué consiste el delito de sedición

El delito de sedición consiste en un delito que cometen aquellos que no permiten la aplicación de las leyes o dificultan las tareas de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público; impidiendo así el trabajo de éstos.

Este delito es recogido en el artículo 544 del Código Penal, en el cual se señala que “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Es decir, la sedición consiste en impedir que se aplique la Ley o dificultar la tarea de las autoridades que tienen que aplicar dicha ley. No tiene que ver, expresamente, como muchos creen, con el deseo de independencia, aunque en la actualidad es el caso más famoso de sedición que tenemos.

Por ello, un ejemplo de sedición en nuestro país sería el pasado acontecimiento vivido en Barcelona, cuando la Guardia Civil sufrió un acoso; mientras realizaban un registro, no pudiendo salir los agentes de la Conserjería de Economía de la Generalitat hasta la primera hora del siguiente día.

Este caso muestra que se comete delito de sedición al dificultar la tarea de aquellas autoridades que desean aplicar la Ley.

Este asedio ha ocasionado que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, haya citado como investigados (imputados) por delito de sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; al jede de los Mossos d`Escuadra, Josep Lluìs; al presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; y a una intendente de la policía catalana.

Casos como éste, tienen una serie de consecuencias registradas en el delito de sedición.

¿Cuáles son las consecuencias del delito de sedición?

La sedición, un delito contra el orden público, está bien castigado penalmente. El Código penal establece las penas por delito de sedición de la siguiente manera: «Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecen en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Por otro lado, las personas encargadas de dirigir o promover una rebelión también son castigas. Esta vez con penas que oscilan entre los 15 y 25 años de prisión, con inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Y un aumento de la condena hasta 30 años de prisión, por el manejo de armas o el combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima.

Si seguimos el ejemplo antes citado, no será la misma pena para el ciudadano que haya impedido el trabajo de la Guardia Civil; siendo su pena de ocho a diez años, que para un alto cargo de  la Generalitat que imposibilite la aplicación de la Ley; siendo su pena entre diez y quince años.

Consecutivamente, el delito de sedición puede derivar en delito de rebelión que tiene una gravedad mucho mayor.

Se considera delito de rebelión cuando se emplea la violencia públicamente para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Si se produce este delito, pasaría a ser competencia de la Audiencia Nacional, según indica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Respecto al Código Penal, los jefes de la rebelión se pueden enfrentar a penas que oscilan entre los 15 y 25 años de prisión. Y penas de hasta 30 años de prisión si se produce un “combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas”, o el alzamiento fuera armado.

Por último, tal y como indica el Código Penal, señalar que “cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación”.

David Gómez González en Silfiltros.com

Buenos días a Tod@s: Hace unos días atendía a SinFiltros.com y poco después se publicaba la entrevista en el El Confidencial. Desgraciadamente mis pronósticos fueron acertados y mañana está llamado a declarar el Ex presidente Catalán a la Audiencia Nacional. Y el gobierno hizo exactamente lo que comenté en la entrevista, disolver el Parlamento y convocar elecciones automáticamente. La ley es lenta pero termina aplicándose. #FelizdiadelosSantos

¿Qué es la mediación en la empresa?

Hay diversas formas de resolver las situaciones difíciles que podamos encontrar en una empresa, una de ellas es abrir un procedimiento de mediación laboral. Algunas administraciones han habilitado un servicio voluntario de conciliación para resolver los posibles conflictos de intereses, enfrentamientos o diferencias de una manera ágil ahorrando tiempo y recursos. Un ejemplo lo tenemos en la Comunidad Valencia, que el pasado mes de julio aprobó un anteproyecto de la Ley de Mediación para resolver conflictos extrajudicialmente en todos los ámbitos, salvo en el penal, y gratuitamente para las personas que cumplan los requisitos previstos en la ley.

Según las autoridades de la Comunidad Valenciana, la mediación es un 75% más barata que recurrir a procesos judiciales y el periodo medio de resolución es de tres meses. Otras ventajas son que, además de reducir la litigiosidad, disminuye los gastos en los juzgados y descarga de trabajo los órganos de Justicia. La novedad de esta norma es que reconoce la gratuidad y establece sanciones.

Aunque las normas de mediación se pueden aplicar a diferentes ámbitos como el familiar, el sanitario, el cooperativo, el comunitario o el administrativo, en este caso nos vamos a referir con más detalle al ámbito empresarial.

Quién es el mediador

Esta labor es desarrollada por mediadores acreditados que son personas que han recibido la formación especializada necesaria y están reconocidos como tales en un registro habilitado por el Ministerio de Justicia. Un proceso de mediación requiere de al menos dos o tres audiencias en las que participan tanto el mediador como las partes implicadas.

Este sistema de mediación proporciona un espacio de negociación a las partes involucradas en un conflicto laboral para evitar que acaben planteando un proceso en instancias judiciales, lo que prolongaría y encarecería significativamente el proceso.

Con las técnicas de mediación se establece un diálogo arbitrado por el mediador en el que la base de la negociación es que todas las partes tienen que ceder en algo para llegar a un acuerdo. Mediante el diálogo se buscan soluciones satisfactorias para todos teniendo en cuenta los intereses de cada uno de los implicados y buscando puntos comunes.

Un procedimiento idóneo en la empresa familiar

La empresa familiar es, posiblemente, una de las que más frecuentemente recurre a procesos de mediación posiblemente porque se consigue que el resultado sea consensuado por los interesados, y no impuesto por un  juez ajeno a la empresa. La mediación permite además que todo quede en casa. Se realiza de forma discreta y totalmente confidencial. La rapidez de la resolución dependerá del ritmo que marquen los interesados para sus encuentros con el mediador, que se puede ajustar además al lugar y los horarios que resulten más cómodos para ellos.

Los implicados en un proceso de mediación mantienen su relación, ya sea en el ámbito comercial, laboral o familiar, y generalmente salen reforzadas tras las negociaciones arbitradas con la ayuda de profesionales. Esto no suele pasar tras un proceso judicial que puede terminar en los peores casos en medidas drásticas como la liquidación de activos o valores.

Muchas empresas familiares emplean mediadores para establecer un protocolo interno de reparto de poderes y funciones y de relevo generacional que sienta las bases para el desarrollo de la compañía con criterios empresariales de competitividad y sostenibilidad, por encima de los intereses personales. La sucesión es posiblemente uno de los momentos clave donde hay que dejar todo bien atado con el acuerdo de todas las partes, evitando cabos sueltos que puedan dar lugar a problemas futuros.

Es necesario que el protocolo sea hecho a la medida de cada empresa familiar atendiendo a sus valores, formas de proceder y singularidades y proponiendo fórmulas para evitar o reducir los riesgos de conflicto siempre que se puedan prever. La finalidad es buscar el interés común para garantizar la permanencia y crecimiento de la empresa. Para ello hay que estudiar desde la gestión diaria hasta las distintas fases de ciclo de vida de la empresa.

Validez de los acuerdos

Los acuerdos logrados durante un proceso de mediación son de obligado cumplimiento y tienen la misma validez  que una sentencia o un laudo arbitral. Este procedimiento es novedoso en España, pero es empleado desde hace más de tres décadas en numerosos países.

Derechos de los trabajadores a tiempo parcial

El trabajo a tiempo parcial ha sido durante los años de recesión económica la alternativa elegida por muchas compañías para evitar despidos y proporcionar mayor flexibilidad. Al finalizar el año 2016 en España había 2.697.100 profesionales con contratos parciales, lo que representa el 14,6% del total de población ocupada. Este porcentaje está cuatro puntos por debajo de la media europea que está situada en el 19%.

Los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo, incluyendo el acceso a formación profesional o la indemnización en caso de finalización del contrato cuando sea parcial por tiempo determinado o temporal. Percibiría la cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio, o bien otras condiciones que establezca la normativa específica de aplicación, salvo si es un contrato de interinidad o los formativos.

¿Qué es el contrato a tiempo parcial?

El contrato a tiempo parcial es, según la definición del Ministerio de Economía y Empleo, la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año con un cómputo de horas inferior al que realizan los trabajadores con jornada completa de la misma empresa y centro de trabajo. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador a tiempo completo, se tomará como referencia el convenio colectivo o, en su defecto, la jornada máxima que establezca la normativa.

Este tipo de contratos pueden ser por tiempo indefinido o por duración determinada. Se considera que es por tiempo indefinido cuando se realicen trabajos fijos y periódicos dentro del volumen de actividad normal de la empresa. Se puede formalizar un contrato a tiempo parcial de duración determinada en todas las modalidades de contratación, a excepción del contrato de formación y el aprendizaje. Si su duración es inferior a siete días la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementa en un 36%.

La jornada del empleado a tiempo parcial puede ser continua o partida, en este segundo caso con una única interrupción salvo que el convenio colectivo establezca otras condiciones.

Horas complementarias

Los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias. La única excepción que se contempla es que cuando las horas extraordinarias están destinadas a prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.

Si se podrán realizar horas complementarias pactadas entre empresa y trabajador para hacer frente al incremento de la actividad en la empresa en periodos concretos y con una retribución igual a las horas ordinarias. Las horas complementarias no deben estar por encima del 30% de la jornada normal del trabajador a tiempo parcial, aunque este límite puede incrementarse hasta el 60% si así se recoge en el convenio colectivo del sector. Se adaptan los periodos de descanso y las vacaciones que correspondan legalmente en función de las horas reales trabajadas.

El contrato del trabajador a tiempo parcial debe figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. Si esto no se contempla, se entiende que es jornada completa, salvo que se presenten pruebas que acrediten el carácter parcial de los servicios.

Los trabajadores a tiempo parcial que presten servicios en la empresa durante tres o más años tienen preferencia para acceder a las vacantes a tiempo completo del mismo grupo profesional o categoría equivalente en la empresa.

Compatible con el cobro de prestaciones y pensiones

El contrato a tiempo parcial se puede compatibilizar tanto con el cobro de prestaciones por desempleo como con la pensión de jubilación. El trabajador jubilado parcial puede reducir su jornada entre un 25 y un 75% cuando el contrato de relevo se celebre a jornada completa y duración indefinida, o entre un 25 y un 50% en otros casos.

Los trabajadores a tiempo parcial pueden seguir percibiendo las prestaciones económicas por desempleo que les correspondan calculadas en función de las horas de jornada laboral no trabajadas. Es decir, si trabajan a media jornada, podrán percibir la mitad de la prestación. Las personas que no cobren prestaciones podrán suscribir un convenio especial de la Seguridad Social adaptado a su contrato de trabajo.

Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo: novedades a partir de 2018

Esta semana el Senado ha aprobado la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de forma definitiva con 239 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones y el rechazo de las 68 enmiendas presentadas. El Congreso de los Diputados aprobó por primera vez la modificación de esta norma en el mes de junio. La noticia ha sido compartida en diversos medios de comunicación que anuncian que la norma entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado en su mayor parte, aunque algunos contenidos se aplicarán más tarde, a partir de 2018. Entre ellos está la el aumento de las deducciones para nuevos autónomos y reincorporaciones y otras medidas que permiten mayor flexibilidad.

Se amplía el periodo de aplicación de la tarifa de 50 euros de cuota mensual en concepto de Seguridad Social para los trabajadores autónomos que se dan de alta en este régimen por primera vez. Podrán disfrutar de un periodo de 12 meses de un pago reducido a 50 euros, con lo que se amplía desde seis meses a un año esta bonificación. Los seis siguientes (del mes 13 al 18) podrán acogerse a una bonificación del 50% y el último medio año (del mes 19 al 24) disfrutarán de un descuento del 30%. En total se extiende a dos años en periodo máximo de bonificaciones y se contempla beneficiar con ello no sólo a quienes entran en el régimen de autónomos por primera vez, también quienes vuelvan a darse de alta tras un periodo de descanso de dos años que se amplía a tres años para los que ya han recibido estas bonificaciones.

Se da además como alternativa la opción de reducir a la mitad los recargos por retraso en el pago de las cuotas de la Seguridad Social o la reducción hasta del 80% de una cuota superior en el caso de altas nuevas o reincorporaciones tras un periodo de dos años como mínimo.

Reducción del 30% de los gastos de suministros

Otra medida destacada que se pondrá en práctica a partir de enero en aplicación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo es la reducción del 30% de los gastos de suministros como la luz, el agua, el teléfono o el agua cuando el autónomo trabaja desde su casa. Se permitirá la deducción de hasta 26,67 euros al día en el IRPF por gastos de comida siempre que se realice el pago de forma electrónica en establecimientos de hostelería y restauración españoles y de hasta 48,08 euros diarios en otros países.

En adelante el autónomo abonará la parte proporcional de impuestos calculada en función de los días en los que ha estado dado de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores, y no tendrá que asumir todo el mes natural como ha sido hasta ahora, agilizando el reintegro de la cantidad correspondiente. Se contemplan hasta 3 altas y bajas durante un año.

Bonificaciones por bajas de maternidad

La norma aprobada por el Senado establece bonificaciones del 100% de la base de cotización para autónomos que se acojan a bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida, riesgo en el embarazo y lactancia. Esta medida será compatible con otras bonificaciones aplicables al contrato de personas desempleadas que sustituyan a los trabajadores autónomos en estos casos.

También para las mujeres que vuelva a la actividad tras una baja por las causas anteriores se aplicará la tarifa de cotización de 50 euros al mes durante un año o la bonificación del 80% sobre cuotas por contingencias comunes en caso de bases de cotización más elevadas. El derecho a percibir bonificaciones por cuidado de un menor se eleva de 7 a 12 años.

Otra de las medidas redundará en la mejora de la protección del trabajador autónomo será la ampliación de cobertura en caso de accidentes que se produzcan in itinere. La norma prevé que se pondrá a disposición de los profesionales que trabajan por cuenta propia programas de formación para la prevención de riesgos laborales e información al respecto.

Otra novedad de esta norma es la posibilidad de compatibilizar el trabajo con el cobro íntegro de una pensión si el autónomo tiene contratado a uno o más empleados por cuenta ajena. En caso de la contratación de familiares se aumentan las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Aumentan los accidentes laborales

Cada día los medios de comunicación dan a conocer nuevos casos de accidentes de trabajo o conflictos que tienen que ver con la seguridad laboral. Sólo el año pasado se produjeron en España 277.371 accidentes que han causado baja durante la jornada de trabajo y 43.350 in itinere. En los primeros siete meses de 2017 estas cifras se han disparado un 6% y un 5,6% respectivamente y entre heridos graves y mortales se alcanzaron las 2.500 personas afectadas. Es preocupante el aumento de personas fallecidas en accidentes de trabajo, que fueron 360 en 2016 y este año hasta julio ya se han contabilizado 358.

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Privalia deberá readmitir a un empleado por discriminación

Privalia, una de las empresas de venta de moda online más importantes en España, tendrá que indemnizar y readmitir a un empleado que había solicitado frecuentes permisos para atender a su mujer enferma de cáncer.

Así lo recoge una sentencia del Juzgado Social 21 de Barcelona que acaba de hacerse pública este mes de septiembre de 2017 y que condena a Privalia a readmitir a su ex trabajador.

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